Respecto a la coyuntura que se vive en Bolivia, comunicamos los avances sobre el caso que está siendo investigado por la Fiscalía Departamental de La Paz, correspondiente a los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.
1. El proceso judicial contra Luis Fernando Camacho se inició en diciembre de 2020, (Caso 201102012005679). Entre el 1 de octubre de 2021 y el 8 de octubre de 2022, fue citado en su domicilio personalmente al menos 4 veces. Hecho que se confirma en sus declaraciones ante medios de comunicación, en las que afirma tener conocimiento del caso. Su padre, José Luis Camacho Parada, prestó declaración por este caso en la ciudad de Santa Cruz el 11 de julio de 2022. La declaración del Gobernador, Luis Fernando Camacho, estaba prevista para el día siguiente, pero se suspendió porque los fiscales que viajaron desde La Paz a Santa Cruz a tomar la declaración fueron amenazados de muerte. De esta manera, Luis Fernando Camacho Vaca ha demostrado su absoluta decisión de no someterse a la Justicia boliviana.
2. Ante la inasistencia de Luis Fernando Camacho a reiteradas convocatorias, el Ministerio Público, en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, emite un mandamiento de aprehensión para que preste su declaración. Camacho se acogió al silencio y es la Fiscalía del Estado la instancia que decide imputarlo por los hechos ocurridos el año 2019, por el delito de terrorismo. La audiencia posterior, para aplicar medidas cautelares a cargo del Juez de Garantías y Cautelar 8 de la ciudad de La Paz, ordena su detención preventiva por 4 meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro en La Paz. El Órgano Jurisdiccional ha tomado en cuenta la actitud renuente de Luis Fernando Camacho para someterse a la justicia, lo que se constituye en riesgo de obstaculización del proceso, causal de aplicación de detención preventiva.
3. Desde el inicio del proceso, el Estado ha resguardado todas las garantías constitucionales en favor de Luis Fernando Camacho. En cuanto a su estado de salud, su familia y médicos particulares contratados por ella, han participado de la Junta Médica realizada el 31 de diciembre. En un amplio ánimo de colaboración, el régimen penitenciario ha autorizado que un familiar lo acompañe y que se resguarde el mejor interés para su salud, cuya información solo puede ser accesible para él y quienes autorice el paciente.
4. Desde el momento de su aprehensión, se ha generado una serie de delitos contra la infraestructura y la seguridad de funcionarios públicos en la ciudad de Santa Cruz. Se ha secuestrado a un abogado del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que fue sometido a torturas y vejámenes por más de 7 horas. Se quemó la Fiscalía Departamental, parte de los Tribunales de Justicia, la casa del Ministro de Obras Públicas y otros inmuebles, instalaciones del Banco Unión y otras dependencias estatales. Existe un permanente ataque a la Policía Nacional y se pretende reiteradamente capturar su Comando Departamental. Todo ello pidiendo que la Justicia ordene la liberación de Camacho. Esta es una grave intromisión a la independencia judicial. Existe en este momento la necesidad de que la INDEPENDENCIA JUDICIAL no sea afectada por acciones externas a la Justicia.
EL Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-BOLIVIA, formado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en su informe final presentado al país y a la comunidad internacional en agosto de 2021 ha recomendado: “Investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares”. Así mismo, las recomendaciones del informe GIEI BOLIVIA, establecen investigar y sancionar a los autores intelectuales de los hechos al establecer en el punto 5.3 “Que las investigaciones recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto de los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, inclusive la autoría mediata”.